Las empresas más grandes del mundo, las multinacionales, llevan años aprovechándose de una fiscalidad positiva en países como Emiratos Árabes, Andorra o las Bahamas, donde depositan su dinero para que los Gobiernos nacionales no puedan gravarlos a través de los impuestos. Esta realidad está a punto de cambiar gracias a un nuevo acuerdo entre 130 países, que comenzarán a establecer un impuesto mínimo de sociedades a estas compañías.
Se trata de una nueva carga impositiva “de al menos el 15%”, que la OCDE ha decidido destinar sobre los beneficios de empresas tan conocidas como Google o Amazon. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lleva siete años trabajando en el documento final, pero ha sido el avance del G-7, los siete países más ricos del mundo, el que ha permitido llegar al acuerdo definitivo.
En este artículo queremos desgranar todos los detalles del nuevo pacto, para que sepas cómo afectará a las grandes del mundo los nuevos impuestos que deberán pagar en sus países de origen. En total, se estima que los beneficios que se derivan irían a los Ejecutivos, que podrían destinarlos a políticas sociales o de reactivación económica durante la crisis del coronavirus.
El nuevo tributo a las multinacionales: un esfuerzo colectivo
Dos han sido los factores que han cimentado el nuevo tributo a las multinacionales: el liderazgo de la nueva Administración de Estados Unidos del presidente Joe Biden y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen; y la perseverancia de las instituciones europeas. De hecho, Europa lleva años tratando de poner coto a las ventajas fiscales de las multinacionales, a pesar de la oposición de países como Irlanda, Luxemburgo, Hungría y Estonia, precisamente las sedes donde grandes como Facebook o Amazon tienen sus sedes más importantes.
Según la OCDE, una tasación del 15% ya podría generar unos 150.000 millones de dólares (cerca de 130.000 millones de euros) de ingresos impositivos adicionales. A ello se unen “beneficios adicionales” que surgirán de la “estabilización del sistema fiscal internacional y de una mayor certeza fiscal para los contribuyentes y las administraciones”, apunta el organismo internacional.
El acuerdo no ha sido ratificado por todos los gobiernos implicados, lo que indica que aún podría haber modificaciones o se podría dar más tiempo para pulir diferencias en la mesa de negociaciones. Esto permitiría a las pequeñas economías y a las jurisdicciones en vías de desarrollo preparar un sistema fiscal justo que permitiera incorporar los ingresos de las multinacionales al día a día de sus políticas sociales en los próximos meses.
El 2023: la fecha límite para que empiece la tributación
Aunque los detalles técnicos del acuerdo deberían cerrarse en el mes de octubre de este año, la puesta en marcha de los nuevos impuestos debería llegar en el año 2023. En palabras del ministro francés de economía, Bruno Le Maire, este acuerdo fiscal internacional se trata de “un pacto “ambicioso, global e innovador” que requerirá de una gran coordinación, pero que a la vez permitirá convencer a otros países de la necesidad de sumarse al cambio impositivo que está por venir en los próximos años.
Los actores clave, como China o Estados Unidos ya han dado su visto bueno al acuerdo, pero aún faltan nueve países de los 139 miembros del Marco Inclusivo. El acuerdo establece un doble dispositivo para “garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos donde operan y generan beneficios”, según la OCDE. El primer pilar “redistribuye” algunos derechos impositivos de las grandes multinacionales, incluidos los gigantes digitales, desde sus países de origen hacia los mercados donde tienen sus actividades y generan beneficios, independientemente de que tengan una presencia física en estos. La organización calcula que esto permitirá generar más de 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) de beneficios impositivos anuales.
El segundo pilar busca introducir un impuesto de sociedades global mínimo, por ahora de al menos el 15%, que “los países podrán usar para proteger sus bases impositivas”. Esto generará, de acuerdo con los cálculos oficiales, unos 150.000 millones de dólares de ingresos impositivos adicionales. Las prácticas actuales, sin acuerdo internacional alguno, restan cada año unos 200.000 millones a las arcas públicas de los Estados.
La nueva política fiscal cambiará la forma de comportarse de las multinacionales, que buscarán nuevos métodos de ingresos para contrarrestar el azote de los impuestos. Se espera que esto repercuta en los ciudadanos, con un aumento de los precios que podría provocar una gran tasa de competencia, sobre todo en el mercado de los comercios electrónicos. Está por ver de qué forma afectará este gran impuesto global al bolsillo de todos los españoles.
