Analizamos la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

En este artículo analizamos la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y los datos que indican la necesidad de proteger a los niños y adolescentes frente a la violencia en nuestra sociedad
Actualidad20 octubre, 202183910 min

Decía el político Cicerón que “las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos”. A lo largo de los años, los Gobiernos españoles han emitido varias leyes para ayudar a las personas y al bienestar del país, como la Ley del cambio climático o la LOMLOE, la norma educativa de nuestro país. La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia supone otro paso adelante en la agenda social para proteger a un colectivo indefenso como es el de los niños y los adolescentes.

 

Esta Ley Orgánica 8/2021,de 4 de junio, se publicó en el BOE, y se denomina popularmente “Ley Rhodes” por las denuncias públicas que hizo el conocido pianista James Rhodes por abusos en su infancia. Se trata de una regulación integral y multidisciplinar de la protección debida a los menores de edad, tratando aspectos que van desde la protección temprana hasta la reacción penal frente a los delitos cometidos contra ellos.

 

En este artículo vamos a enseñarte qué novedades introduce esta ley, que ha provocado un gran consenso dentro del Congreso y dentro de la sociedad.

 

Los datos de la discriminación infantil y adolescente en España: una realidad que necesita un cambio

La Fundación ANAR, de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, presenta las cifras que nos ayudan a entender la necesidad de una ley como esta en España, pionera en todo el mundo.

  • En total, han crecido un 300,4% los casos de abuso sexual a menores de edad en la última década.

 

  • Solo el 10,6% de los casos de abuso sexual a menores de edad se han llegado a denunciar. El hecho se agrava porque en el 80,2% de los casos los abusos no dejan marcas o heridas, por lo que las víctimas tienen gran dificultad para demostrar el abuso.

 

  • La Fundación ANAR atendió 1.093 casos de abuso sexual en 2020, una cifrá que subió durante el confinamiento; una época en la que los niños estaban en la misma casa que sus acosadores.

 

  • En este aspecto, un 70,4% de los casos de violencia hacia niños y adolescentes se produce en el hogar o en hogares del entorno familiar.

 

  • En cuanto a las consecuencias, en el 46,7% de los casos baja el rendimiento de los niños y niñas en la escuela a raíz de la violencia que padecen; mientras que un 2% falta con regularidad a las clases.

 

  • Las peticiones de ayuda que solicitaron las víctimas a través del Chat Anar fueron 11.643, y se dieron entre 2017 y finales del año pasado. El principal motivo por el que los adolescentes piden ayuda a través del chat es por casos de violencia, seguido por problemas psicológicos y emocionales.

 

 

Las novedades de la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia

El objetivo de esta nueva regulación es responder a la necesidad de adecuar la normativa nacional que existe sobre este campo a las disposiciones internacionales, como el Convenio de Lanzarote o el Convenio de Estambul. Además, la nueva ley pretende adaptarse también a las normas nacionales, cumpliendo con los compromisos y metas de la Agenda 2030, que pretende lograr un mundo más equilibrado y responsable, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Las novedades más importantes se encuentran en el Título Preliminar, donde se define que el concepto de violencia consiste en la “presencia de cualquier comportamiento violento en el ámbito familiar”. Para apoyar esta idea, se introducen varios capítulos a lo largo de todo el texto que obligan a los miembros de la familia a denunciar cualquier indicio de abuso sexual, en especial si son cuidadores o están al cargo de los menores.

También se proponen otras medidas en el ámbito público, como la designación de un Coordinador de bienestar y protección en centros educativos o la dotación a los funcionarios de Servicios Sociales del carácter de agente de la autoridad. Además, la existencia de antecedentes de carácter sexual implicará el cese de la relación laboral si esta conlleva el trato regular con menores.

Por último, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir la edad como agravante en las causas por discriminación, dentro del delito del odio y la discriminación laboral. La intención es ofrecer cobertura legal a los menores de edad en situaciones que también se encuentren fuera del ámbito familiar.

Gracias a todas estas propuestas, se logrará una prevención y una protección mayor para los niños y los adolescentes españoles. La violencia es una parte de nuestras vidas de la que debemos desprendernos, cultivando buenos hábitos que nos permitan defender a los menores de edad de cualquier presión, sobre todo frente a prácticas como el ciberbullying o el bullying en las aulas.