Hace poco más de un mes el Consejo de Ministros daba luz verde al proyecto de la nueva ley de vivienda. Se trata de un nuevo marco legislativo que pretende poner solución al aumento de los precios del alquiler, ofreciendo ayudas directas a los inquilinos más jóvenes y recargos fiscales a los grandes tenedores que posean vivienda vacía.
¿Cuándo entra en vigor la nueva ley de vivienda?
Según los plazos establecidos para este tipo de procedimientos, la nueva ley de vivienda no entrará en vigor hasta el 2022. Aun así, todas las medidas incluidas podrían retrasarse, todavía más, ya que el Ejecutivo ofrecerá una moratoria de hasta 18 meses a los grandes propietarios.
¿Qué quiere decir esto? Básicamente que:
- Los controles de precios y la regulación de zonas tensionadas podrían no ejecutarse hasta finales de 2023 o, incluso, hasta principios de 2024.
- Bono joven de alquiler: llegará con mayor premura. Tanto es así que se estima que el 1 de enero de 2022 se abra el plazo para que aquellos menores de 35 años que cumplan los requisitos puedan solicitar la subvención de ayuda al alquiler.
Cinco claves para entender la nueva normativa de la ley de la vivienda
La nueva ley de vivienda ha generado cierta polémica entre los agentes sociales y el sector inmobiliario, entre otras cosas, porque se trata de un proyecto legislativo que contempla reformar varios frentes:
- Por un lado, se pretende regular la actividad de los grandes propietarios de vivienda.
- Por el otro, se busca regular el mercado del alquiler y blindar situaciones como los desahucios.
Con el objetivo de comprender el espectro de actuación de la nueva ley de vivienda, vamos a desglosar la misma en cinco puntos principales que nos ayudarán a identificar hasta dónde podría llegar su rango de actuación:
➣ Diferencia entre pequeños y grandes propietarios
Según la nueva normativa, un gran propietario es aquel que tiene en su haber más de 10 viviendas. Esta identificación se incluye en la nueva ley de vivienda porque a este perfil se le retirarán las medidas fiscales vigentes, para imponer un control de precios. Por el contrario, un pequeño tenedor es aquel que posee hasta un total de 10 inmuebles.
De forma similar, aquellos propietarios que tengan más de cuatro inmuebles en propiedad serán penalizados si poseen durante un periodo superior a dos años dos viviendas completamente vacías. Este recargo económico se efectuará a través de una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de hasta un 150%. Aun así, todavía queda por ver cuál es la definición de vivienda vacía. En principio, no se considerarán como tal las segundas y terceras residencias.
➣ Bonificaciones y retirada de privilegios fiscales a los grandes tenedores de vivienda
Actualmente los grandes tenedores de vivienda disfrutan de bonificaciones fiscales. La nueva ley de vivienda pretende, entre otras cosas, eliminar el incentivo del 85% del que disfrutan sobre el impuesto de sociedades. Aunque todavía se desconoce cuál será la disminución porcentual, se espera que esta sea significativa.
Hasta ahora tales beneficios fiscales se aplicaban en aquellos propietarios que tuviesen alquiladas al menos ocho viviendas durante un periodo de tres años.
➣ Control de precios
Con la finalidad de frenar la subida de los precios de alquiler, la nueva ley de vivienda ha incluido congelar los precios de zonas calificadas como tensionadas. Para ello, el Ejecutivo propondrá incentivos fiscales destinados a bajar el precio de las rentas. Este tipo de bonificaciones oscilarán entre un 60 y un 90% de los beneficios obtenidos por el alquiler.
De este modo, aunque los propietarios bajen el precio final del alquiler para que el acceso a la vivienda sea más equitativo, gracias a este tipo de beneficios fiscales las pérdidas en este aspecto no serán tan notorias.
➣ Regulación de desahucios
Con la finalidad de atajar una problemática social como son los desahucios, la nueva ley de vivienda desarrollará un mecanismo de protección frente a situaciones de desalojos. Por medio de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los juzgados no podrán emitir una orden de desahucio sin tener antes el informe de los servicios sociales que avale la vulnerabilidad económica de los inquilinos. De confirmarse esta situación, el desahucio deberá paralizarse hasta que las instituciones públicas aporten una alternativa habitacional para estas personas.
➣ Ayudas al alquiler – Bono joven de alquiler
Para favorecer la emancipación juvenil, el Ejecutivo ha desarrollado una serie de ayudas directas. El bono joven de alquiler tendrá una dotación de 250 euros mensuales que podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2022 en las oficinas de vivienda de las Comunidades Autónomas que abracen esta nueva norma.
Así, los menores de 35 años que cobren menos de 23.375 euros brutos anuales podrán rellenar el formulario y presentar su solicitud.
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