No hay sector, ámbito o disciplina que no se haya visto afectado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus COVID-19. La extrema complejidad de la situación obliga a ir adaptando procesos sobre la marcha, a la aprobación de distintas normativas, de nuevos plazos… Y esto es lo que ha ocurrido con la tramitación de la PAC, cuya fecha de finalización ha sido prorrogada ya en dos ocasiones.
La presentación de solicitudes para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) comenzó el pasado 1 de febrero e inicialmente, se extendería hasta el 1 de abril. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, se ha extendido hasta el próximo 15 de junio, tal y como publicó el Ministerio de Agricultura. Asimismo, el plazo terminará el 30 de junio para aquellos que soliciten un cambio en el plan de siembra y para las cesiones de derechos de pago básico.
Otros cambios de fechas corresponden al plazo en el cual las comunidades autónomas deben comunicar al Ministerio de Agricultura la información sobre solicitantes, superficies y recintos declarados, regímenes de ayuda solicitados y superficies ubicadas en otras comunidades autónomas, que finalizará el 31 de julio; también, el plazo en el que las comunidades autónomas deben comunicar al Ministerio de Agricultura determinada información sobre las organizaciones interprofesionales autorizadas de algodón, que finalizará el 30 de junio, y será el 31 de agosto el último día para que las comunidades autónomas comuniquen al Ministerio las estadísticas de control.
Con el objetivo de respetar las medidas de protección y seguridad dictadas por las autoridades sanitarias, en esta campaña se van a reducir los controles sobre el terreno. Además, cuando se realicen se deberá respetar la distancia de seguridad entre el agricultor y el responsable de realizar el control para evitar posibles contagios.
Casos de fuerza mayor para evitar penalizaciones
Por otro lado, es importante destacar que en algunos casos la crisis originada por la COVID-19 ha supuesto que algunos productores no puedan cumplir todas las condiciones de elegibilidad establecidas para el cobro de determinadas ayudas. En esos casos se estudiará por parte de los organismos pagadores si procede aplicar la consideración de caso de fuerza mayor para evitar penalizar al beneficiario. Será el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el encargado de detallar cómo gestionar estos casos de fuerza mayor. En este sentido, se pueden destacar los siguientes casos:
- Los ganaderos que hayan sido beneficiarios de las ayudas asociadas al ovino y caprino en campañas anteriores y en 2020 incumplan el requisito del umbral mínimo de producción, en el caso de explotaciones que hayan visto afectada su capacidad de comercializar su producción como consecuencia de la COVID-19.
- Los ganaderos que tengan necesidad de utilizar para el pastoreo de sus animales las superficies de barbechos considerados como superficie de interés ecológico en el marco de la ayuda a las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente («greening»), siempre y cuando estas explotaciones se hayan visto afectadas por la COVID-19 debido a la dificultad para trasladar a sus animales a pastos temporales o a los incrementos del censo ganadero en la explotación por la dificultad para comercializar terneros, corderos o cabritos.
Cuando se detecte el incumplimiento en alguno de estos dos casos, la Administración revisará las bases de datos de registro, identificación y movimiento de ganado para verificar que dicho incumplimiento obedece a la reducción de movimientos derivada de la crisis sanitaria y, en ese caso, no se penalizará al ganadero en sus ayudas directas.
Cerca de 700.000 agricultores se beneficiarán del pago de los anticipos
A partir del próximo 16 de octubre se podrán abonar los anticipos de estas ayudas. A solicitud de España, la CE ha publicado un reglamento que permitirá incrementar el porcentaje de dichos anticipos hasta el 70% en las ayudas directas y hasta el 85% en las medidas de desarrollo rural. En dicho reglamento se establece que los anticipos podrán abonarse sin necesidad de haber finalizado los controles sobre el terreno, lo que agilizará estos pagos.
En nuestro país, estos anticipos supondrían un adelanto de las ayudas directas de alrededor de 3.421 millones de euros y beneficiarán a cerca de 700.000 agricultores y ganaderos que se prevé que presenten la solicitud única en esta campaña 2020. Dentro de esta cifra, destaca el anticipo del régimen de pago básico, que junto con el pago verde, puede suponer un adelanto de más de 2.926 millones de euros.
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